Abogados, contadores y notarios enfrentan mayor riesgo penal por validar operaciones sospechosas

Las autoridades mexicanas han endurecido su posición frente a profesionales del derecho, la contabilidad y el notariado que participan en operaciones que luego resultan ilícitas. La alerta subraya que ya no es viable escudarse en la ignorancia o en el argumento de que solo se prestó un servicio profesional.

Cuando un abogado, contador o notario utiliza su firma, conocimiento especializado o posición para facilitar o “limpiar” una transacción que presenta señales de irregularidad, la ley puede considerarlo coautor del delito. Esto implica que el simple hecho de no haber realizado una debida diligencia adecuada puede derivar en responsabilidad penal directa.

El mensaje es claro para todos los despachos y profesionales independientes: la asesoría ya no se limita a dar una opinión técnica. Hoy se evalúa el contexto completo de la operación y el grado de diligencia que el profesional debió aplicar. Ignorar banderas rojas puede transformar un servicio legítimo en complicidad penal.

Los despachos deben prestar especial atención a sus protocolos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como reforzar los procesos de conocimiento del cliente y revisión de operaciones inusuales. El costo de no hacerlo puede ser la pérdida de libertad además de la licencia profesional.